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Existen temas urgentes que abordar

y la política no puede seguir distanciada de las verdaderas preocupaciones de las personas

Por: Paula Streeter

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El primer año no fue lo soñado

En dos semanas más se cumplirá un año del gobierno del presidente Boric, y claramente este primer año no fue lo planificado. El nuevo gobierno asumía con aires de renovación generacional y política, con un programa -tal como lo ha señalado Noam Titelman- que prometía una sociedad más equitativa en términos de distribución de la riqueza, pero, sobre todo, en términos de reconocimiento social.

Y asumía también con la certeza de que ganaría la opción Apruebo en el plebiscito del 4 de septiembre, y además, con la convicción de que podrían no solo hacer grandes cambios estructurales, sino también hacerse cargo de temas complejos como la seguridad y los conflictos de la Araucanía.

Sin embargo, el primer año presentó una situación completamente distinta. El plan de diálogo en la Araucanía se inició con grupos radicalizados que recibieron a la exministra Siches -apenas tres días después de asumir- con barricadas y balazos, y el resultado del plebiscito fue aplastante: más de un 60% optó por la opción Rechazo, dándole una gran derrota política al gobierno.

Todo este escenario obligó al Presidente a ampliar su coalición política, incorporando a personeros de otra generación y a partidos para hacer frente a los desafíos de articulación política y a la demanda de seguridad, personeros que hoy son de los mejores evaluados en el gobierno.

Y no se ve más fácil hacia adelante. En este segundo año que comienza, el gobierno no solo tendrá que hacerle frente a la delincuencia –temática que encabeza todas las encuestas-, migración, narcotráfico y situación económica, sino que también liderar un nuevo proceso constituyente, enfrentar el desafío de las pensiones, la crisis de las Isapres, la crisis educativa, una economía con proyecciones de bajo crecimiento y sobre todo saber escuchar las demandas de la sociedad. Todo esto, en paralelo a la agenda legislativa que quiere impulsar.

El debate constitucional se desarrollará nuevamente en los próximos meses, y la agenda ideológica probablemente se tomará parte de la agenda. Sin embargo -y ya lo hemos alertado-, existen temas urgentes que abordar y la política no puede seguir distanciada de las verdaderas preocupaciones de las personas. Si el mundo político y el gobierno no se hacen cargo de esas urgencias, pueden correr el riesgo de que se metan en un proceso que va a ser indiferente para la opinión pública, y además seguir distanciándose de las reales preocupaciones y terminar siendo un gobierno desconectado de la ciudadanía…

Reactivación educativa como real prioridad

Como el año de la reactivación educativa bautizó el secretario ejecutivo del Plan de Reactivación Educativa del Ministerio de Educación, a este 2023. Esta es una señal alentadora pensando en la gran crisis educativa que vivimos en este momento.

Durante el 2022, la gestión del ministerio y la prioridad política para enfrentar esta catástrofe no se vio hasta fines del segundo semestre donde, a la luz de los datos de ausentismo y deserción escolar, el gobierno lo declaró un tema prioritario. Al iniciarse el gobierno de Boric, el discurso y las iniciativas estatales estaban muy alejadas de lo que el sistema necesitaba.

Sin embargo, a días de que empiece el año escolar llama la atención que el ministro de Educación se refiera en una entrevista a la prioridad que tendrá la implementación de la Educación Sexual Integral (ESI) en la cartera durante este año. Resulta preocupante que el ministro declare otras prioridades de orden más ideológico, y no ponga todas sus fuerzas en generar un mensaje claro y contundente sobre la relevancia de volver a poner en valor el rol de la educación y de la escuela poniendo énfasis en la necesidad de recuperar la socialización, la formación y los aprendizajes académicos.

La reactivación es un tema tan relevante que no solo debe ser prioridad absoluta para todo el gobierno, sino que también lo debe ser para el Congreso -algo que no se vio en la discusión legislativa del 2022- las municipalidades, universidades, sociedad civil, apoderados y cada ciudadano, dado que las consecuencias de las pérdidas de aprendizaje que produjo la pandemia son de tal envergadura que nos acompañarán por décadas, y será un problema no solo educativo, sino que social, moral y económico.

El problema, más allá de las diferencias ideológicas que se pueda tener con este proyecto, tiene que ver con los mensajes y señales que se entregan, donde la prioridad debiera ser solo una y todos los esfuerzos comunicacionales y políticos del gobierno en materia de educación debieran estar en la reactivación educativa; y en volver a poner en valor a la educación en su rol público. En un minuto de crisis se requiere dar prioridad real y comunicacional a este tema para hacerlo realmente una causa país que nos convoque a todos. Es hora de que la gestión del ministerio se emplace prioritariamente a este tema y, sobre todo, que el lenguaje político esté en la reactivación educativa y no enfocada en nuevos paradigmas.

Cómo entendemos lo público

En las próximas semanas y meses se retomará el proceso constituyente, el cual no tuvo el resultado esperado el 2022. El proceso vivido dejó mal parado el rol que los privados, la sociedad civil y cada uno de nosotros juega en la construcción de lo público, instalando una creencia que sólo el Estado puede ser quien provee y cuida los bienes públicos. Si bien no hay duda alguna que el Estado es quien tiene el rol garante, que entrega marcos y certezas jurídicas y cumple un rol fiscalizador relevante; son los privados también–empresa y sociedad civil– quienes emprenden, innovan, movilizan ideas y construyen lo público.

En Chile, la construcción de lo público se ha realizado de la mano de la sociedad civil y el emprendimiento, los cuales han tenido un rol clave en el desarrollo de la educación, la protección de NNA, el cuidado de las personas mayores, la salud, la seguridad social, y tantos otros.

Diferenciar lo público de lo estatal resulta clave para el debate que se viene, donde los privados –sociedad civil y emprendimiento- no pueden quedar fuera.

Las sociedades contemporáneas enfrentan hoy problemas cada vez más complejos, y, como vemos, Chile no está ajeno a ello; los desafíos que se presentan requieren del trabajo coordinado y de la colaboración entre diversos actores, donde la alianza y colaboración entre el Estado, Mercado y la Sociedad Civil es fundamental. Es relevante plantearse también cómo incluir las capacidades públicas y privadas en este nuevo proceso constituyente que emprendemos.

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