Empleo Público:

El informe de Contraloría respecto a los funcionarios que viajaron al extranjero con licencias médicas ha sido un mazazo para la administración pública. Se trata de hechos que agravan la sensación de abuso de una ciudadanía hastiada, y que tributan a diagnósticos radicales que plantean “sacarlos a todos”.

Pero no hay que olvidar que, cuando el Estado hace la pega, se nota. Y es innegable que el nuestro lleva un buen tiempo marcando el paso. Hay países donde sus instituciones mueven la aguja; Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda y Francia reducen los niveles de desigualdad que genera naturalmente el mercado a través de las prestaciones que entregan a sus ciudadanos. Nosotros, en cambio, partimos con niveles de desigualdad muy parecidos a esos países, pero somos por lejos el que menos la disminuye con su acción estatal. Para que nuestras instituciones realmente mejoren la vida de sus ciudadanos necesitamos un estado eficaz, y para ello quiénes lo integran es fundamental.

El problema es evidente, y lo conocemos desde antes que estallara este escándalo. El gasto en personal crece por inercia, si hace 20 años gastábamos un 4,6% de nuestro producto en sueldos, para 2023 la cifra ya era 7,1%. Mientras en Chile casi un 20% del gasto público va a sueldos, en los países más ricos esa cifra es de un 15%. En los municipios el descontrol es aún mayor: datos de Horizontal muestran que éstos destinan en promedio el 58% de su gasto total a sueldos de personal, 21 puntos porcentuales más que el promedio de países unitarios de la OCDE. No pasaría nada si este gasto diera frutos, pero no parece ser ese el caso. El ranking del Banco Mundial que mide “efectividad del gobierno” muestra que estamos cada vez peor, mientras que la misma OCDE nos dice que la confianza de los chilenos en sus funcionarios públicos se deteriora cada año que pasa.

Las razones detrás del problema se han discutido hasta el hartazgo. Para hacerla corta, nuestro sistema facilita contratar gente en el Estado. Ni siquiera un simple concurso es necesario para meter un funcionario a contrata. Al mismo tiempo dificulta el despido, es prácticamente imposible despedir funcionarios de planta, y la Contraloría y la Corte Suprema, con dictámenes y fallos judiciales, han hecho que también lo sea para despedir funcionarios a contrata. Una vez adentro, el sistema le hace la vida fácil al que se aprovecha, y difícil a los miles de funcionarios que hacen bien la pega. A los primeros prácticamente no se los evalúa, todos reciben bonos por desempeño y casi nadie entra en las listas de bajo rendimiento que permiten despidos. Esas mismas evaluaciones mal hechas invisibilizan al buen funcionario público, a lo que se suma lo difícil que es progresar profesionalmente dentro de un mismo servicio público y que el sistema no contribuye a promover a los que hacen un buen trabajo hacia otros servicios al interior del Estado.

A esto se le agrega una gerencia pública que cada vez selecciona mejor, con largos y sofisticados procesos a través del sistema de Alta Dirección Pública, pero que no garantiza estabilidad: cada nuevo presidente saca a la mitad de los jefes de servicio, impidiendo que se forme una planta de directivos estable y de calidad. Como si esto fuera poco, estamos repletos de “asesores”, no se sabe cuántos son, pero se estiman en miles. Autoridades de gobierno que no quieren lidiar con la administración, contratan asesores para duplicar o triplicar capacidades que ya están (o debieran estar) en el respectivo servicio.

No se ve bien la cosa, pero hay buenas noticias. La primera, todos estos problemas tienen solución. La segunda, existe un consenso técnico bastante transversal sobre cómo corregirlos: ser más exigentes con los ingresos y más flexibles con los despidos, evaluar de verdad, identificando a los mejores y peores dentro de cada servicio, permitir que los funcionarios se muevan en el Estado, aportando su experiencia en distintas reparticiones públicas. Separar de una vez por todas el gobierno de la administración, acotando los cargos de confianza en la dirección de instituciones técnicas y regulando a los asesores para ponerle límite a su número y funciones. Todos estos elementos están recogidos en la propuesta de reforma al Estatuto Administrativo que desde Pivotes hicimos pública la semana pasada. Tercera y última buena noticia, no hay mal que por bien no venga, y este escándalo del que todavía nos lamentamos, y los otros que seguramente están por venir, están abriendo una ventana de oportunidad. Toca ahora transformarla en una gran puerta que permita vencer la oposición de incumbentes y grupos de presión, y que quizás así esa voluntad política que ha sido tan esquiva, aparezca por fin en este nuevo ciclo electoral.