El progresismo y los permisos:

El 30 de junio, en California, el gobernador demócrata Gavin Newsom promulgó una ley que fue calificada como una de las reformas más significativas a la institucionalidad ambiental en la historia reciente de este importante Estado, e incluso del país. Se trata de una modificación al proceso de evaluación ambiental para la construcción de proyectos de infraestructura, regulación que tenía más de 50 años de antigüedad. Un sistema bien intencionado, pero que en palabras del mismo gobernador, se empezó a usar “como un arma para bloquear la construcción de viviendas e infraestructura necesaria”.

El problema es grave: California tiene hoy un déficit de aproximadamente 4 millones de viviendas. El ritmo de construcción es lento, tan solo 85.000 viviendas al año. No es de extrañar, entonces, que su valor promedio casi se haya duplicado entre 2018 y 2025. Por lo mismo, Newsom —sondeado en su momento como reemplazo a Biden en las últimas presidenciales— consiguió aprobar esta norma y así eximir a los proyectos inmobiliarios en zonas urbanas de evaluación ambiental, junto con otras reformas profundas en la misma dirección.

La reacción no tardó en llegar; distintas organizaciones ambientales y líderes de opinión del mundo del progresismo plantearon sus reparos. Planning Conservation League la tildó como “la peor ley anti-ambiental en décadas”, y Environment California aseguró que “en un contexto de pérdida de fauna, esto solo va a empeorar con esta ley”. Todas estas críticas decidían ignorar datos conocidos: la construcción en zonas densamente pobladas no solo permite una mejor calidad de vida para las personas, que podrán vivir más cerca de sus trabajos, sino que también es bueno para el medio ambiente, al reducir la expansión urbana, la dependencia del transporte y fomentar una mayor eficiencia energética.

Un día después de este hito en California, algo parecido se vivió en el Congreso en Valparaíso. En su tercer trámite constitucional se aprobó finalmente la Ley Marco de Permisos Sectoriales. Ante un consenso técnico respecto a lo difícil que es invertir en Chile, el gobierno se hizo cargo de ofrecer una solución. La recién aprobada ley plantea, entre otras cosas, la creación de un “sistema” basado en la transparencia, en reemplazo de la situación actual donde cada institución opera en feudos opacos. Se avanza en técnicas distintas a la autorización previa según el nivel de riesgo que se busca mitigar, como lo han hecho buena parte de los referentes en mejora regulatoria en el mundo, como son Portugal o España. También genera estándares prudentes de predictibilidad de la regulación, al señalar que las normas para pedir permisos son aquellas vigentes al momento de ingresar al sistema.

Como muchos lectores podrán adivinar, a la aprobación de esta ley le siguió una reacción destemplada por parte de ciertos grupos de presión, desde la academia hasta las ONG ambientales, y pasando, por supuesto, por diputados de la misma coalición de gobierno. La politóloga Pamela Poo y la abogada Melisa Mallega, con altos niveles de dramatismo, señalaron que esta norma iba a “generar una regresión ambiental nunca antes vista en un gobierno democrático”. Diputados oficialistas acusaron al ministro Nicolás Grau de “haber entregado todo a la derecha”. No solo eso, 245 organizaciones ambientales escribieron una virulenta carta al ministro y al propio Presidente. Al primero le dijeron que “no debería ser ministro de Chile”, mientras al segundo le recordaron que su hija recién nacida, Violeta, nació “pre-contaminada” y que no podría “beber agua pura ni maravillarse con una Patagonia salvaje como usted pudo hacerlo en su niñez”.

Nuevamente aparecen los representantes de la versión más extrema del conservacionismo inmovilista. Grupos que buscan frenar toda construcción de cosas nuevas, y que obstaculizan inversiones en infraestructura que nos permitirían cerrar termoeléctricas, proveer agua a comunas secas o extraer los minerales para electrificar el transporte. Nada de esto parece importarle a aquellos que hace tan solo cuatro años atrás nos ofrecieron “decrecimiento” y recibieron un “no” rotundo como respuesta, y que hoy amedrentan a autoridades que no comparten sus diagnósticos.

Qué difícil se ha vuelto construir cosas nuevas, y qué fácil se ha vuelto bloquearlas. Los malos ratos por los que pasan hoy Nicolás Grau y Gavin Newsom no son inéditos, los vive una parte del progresismo en todo el mundo, y los obliga a enfrentarse con quienes hasta hace poco eran sus camaradas, y perder a parte de su base electoral. Por eso es meritorio que líderes progresistas entiendan que un proyecto político incapaz de construir está destinado al fracaso, que las reglas ambientales muchas veces son armas para defender otros intereses, y que, con intenciones loables, se han creado verdaderas camisas de fuerza que impiden gobernar y avanzar.

Daniel Kaufmann, experto en corrupción, en una entrevista reciente señalaba que en Chile es la “captura” la que define el problema para avanzar en algunas de las reformas más necesarias y postergadas, no la corrupción. Esa captura se ve en muchos sectores, y opera con distintos rostros. En el debate respecto a cómo queremos crecer, y qué queremos construir, el activismo conservacionista ha sido muchas veces el que nos ha tenido capturados. Esta captura se expresa en procedimientos largos y difíciles de comprender, en los que se esconden decisiones que no cuentan con el beneplácito de la mayoría de los chilenos. ¿Quién dio su visto bueno para que tome una década construir un hospital, una línea de transmisión eléctrica o una línea de metro? Nadie, pero consciente o inconscientemente lo hemos permitido, y no nos dejan cambiar. Bien por Newsom, bien por Boric, bien por Grau, que desde el progresismo se rebelan a esa captura y piensan en cómo una izquierda puede volver a construir. Es de esperar que este espíritu se mantenga el día que vuelvan a ser oposición.