¿Directores de colegio o notarios?

La vida de los equipos directivos de los colegios es abrumadora. Entre protocolos, planes y visaciones de informes, parecen más notarios que educadores. La causa es simple: cada vez que surge un nuevo problema en educación, la respuesta del Estado es más obligaciones, sin detenerse a evaluar si las anteriores siguen teniendo sentido o sirven para enfrentar los problemas emergentes. El diagnóstico es claro. Pero ¿en qué consiste esa burocracia?

Un ejemplo elocuente son los reglamentos internos. En 2018, la Superintendencia de Educación estableció como parte de su contenido mínimo la exigencia de contar con seis protocolos de actuación para abordar de manera clara situaciones complejas como la violencia escolar o los accidentes. Uno de ellos, el de vulneración de derechos, buscaba cubrir todas aquellas situaciones no previstas en los demás.

Hoy, sin embargo, la lista ha crecido e incluye protocolos para alumnas embarazadas y padres estudiantes, reconocimiento de la identidad de género o violencia de género. Todos son razonables, y también lo serían otros, pero cuando nos llenamos de protocolos terminamos atentando contra su propósito inicial: que los colegios tengan reglas claras y simples para enfrentar de buena manera los casos difíciles.

Hoy no es raro encontrar reglamentos internos extensos, complejos y difíciles de aplicar. El del Instituto Nacional tiene 257 páginas y 18 protocolos. Con un par más podría llegar fácilmente a las 300.

Y no se trata solo de protocolos. También están los diversos planes, firmas obligatorias y una infinidad de reportes al Consejo Escolar y a distintas autoridades: Subsecretarías, Secretarías Regionales, Departamentos Provinciales, Superintendencia, Agencia de Calidad, Intendencia de Educación Parvularia, entre otras.

Todas estas exigencias e instituciones nacieron para cumplir fines públicos relevantes y valiosos, pero hoy simplemente son demasiadas. La pregunta es si podemos eliminar o simplificar algunas sin retroceder en el resguardo de derechos.

En Pivotes creemos que sí. Es imprescindible revisar lo innecesario o incumplible para evitar un exceso de regulación y control que está atentando contra sus propios fines.

Esperemos que los candidatos presidenciales se comprometan a revisar las más de 3.000 obligaciones vigentes y propongan un paquete de reformas legales, reglamentarias y administrativas que las reduzcan o simplifiquen, escuchando a quienes mejor conocen sus efectos concretos: las comunidades educativas.