Cuando la educación

Chile decidió hace casi una década que el problema de la educación se resolvería cambiando al administrador de los colegios. Era el tiempo de las grandes transformaciones: los sostenedores particulares debían convertirse en personas jurídicas sin fines de lucro, y para abrir un nuevo colegio había que ser dueño de la infraestructura y demostrar demanda insatisfecha por matrícula. La consigna era clara: evitar la “mercantilización” y frenar la sobreoferta.

En el mundo municipal, la promesa fue parecida: crear Servicios Locales de Educación Pública con más escala, mayor control de la gestión y menos influencia política. En ambos casos, el Estado creyó que la calidad dependía, en buena parte, del diseño institucional.

Una década después, la evidencia es desesperanzadora. En paralelo a la implementación de estas grandes reformas, dejamos de ordenar a los colegios en categorías de desempeño para informar a las familias sobre la calidad de la educación entregada.

La instalación del nuevo sistema pareció, por sí sola, una solución tan eficaz y casi “sagrada” que la información sobre la calidad dejó de parecer necesaria.

La última ordenación de colegios se publicó en 2019 y, desde entonces -primero por la pandemia, luego por razones poco claras- la Agencia de Calidad de la Educación no ha vuelto a reportar cómo están funcionando los colegios mediante el sistema de evaluación integral previsto para ello. Hace seis años que el país no sabe cuáles colegios mejoraron, cuáles retrocedieron o cuáles deberían cerrarse.

Y si miramos los datos de 2019, la verdad es más difícil de digerir: uno de cada cuatro estudiantes en Chile asistiría a colegios de desempeño medio-bajo o insuficiente. En regiones como Atacama, Valparaíso y Antofagasta, más de un tercio. Lo más grave es que, en esas mismas zonas, hay colegios de buen desempeño que podrían recibir más estudiantes, pero la regulación se los prohíbe.

No ordenamos, no corregimos y no premiamos. Generamos un sistema burocrático que impide crecer incluso a quienes lo hacen bien y protege, inexplicablemente, a quienes lo hacen mal, especialmente donde no hay mejores opciones disponibles.

En efecto, en lugares en que se concentran establecimientos de desempeño medio bajo o insuficiente, el SAE permanecerá distribuyendo estudiantes entre colegios de mal desempeño. Impedir que ahí surjan mejores opciones es incomprensible.

Por eso, desde Pivotes creemos que volver a evaluar y reabrir el debate sobre la administración de los colegios es urgente. Informar a las familias y permitir que participen en la decisión de quién administra; habilitar mecanismos para que los buenos colegios crezcan; reemplazar a los que lo hacen mal de manera oportuna -sin dramáticas decisiones de cierre-; y abrir espacio a nuevos sostenedores de excelencia, puede ser el camino para salir del letargo en que nos encontramos.

Chile no puede seguir confundiendo estabilidad con parálisis. Si entendemos la educación como un derecho humano y el principal motor de la justicia social, debemos volver a evaluarla integralmente y atrevernos a pensar si existen alternativas razonables para mejorar, con sentido de urgencia, las oportunidades educativas a que acceden los niños, niñas y adolescentes del país.