Árboles más iguales que otros

Un sentido anhelo de los habitantes de Liucura, en la cordillera de La Araucanía, es mejorar el precario camino que los conecta con Melipeuco y el resto del país. Tras muchos años de ruegos, la Dirección de Vialidad del MOP presentó un proyecto. El trazado original exigía la intervención y posible tala de 96 araucarias, una especie declarada Monumento Nacional. Conaf dio su venia porque, en apego a la Ley de Bosque Nativo, tal medida es imprescindible para la ejecución de la obra, que a su vez es de interés nacional, y porque no compromete la continuidad de la especie. El MOP luego echó pie atrás, pero la aprobación de Conaf quedó registrada para los anales de la institucionalidad ambiental.

Un poco más al norte, la empresa Aclara lleva 10 años bregando por obtener aprobación ambiental para producir tierras raras, mediante tres declaraciones y tres estudios de impacto ambiental. El último en naufragar se estrelló contra Conaf, en parte, porque sus funcionarios hallaron seis ejemplares de naranjillo adicionales a los diez que el estudio de impacto ambiental identificó. No es de extrañar que se les pasaran unos pocos, porque había especímenes juveniles, chiquitos, del tipo que en una plaza habría que proteger con malla para que no sucumban a los pelotazos. El titular comprometía criar y plantar cien ejemplares por cada uno de los afectados, de modo que, con los seis que soslayó, la tasa de compensación solo bajaba de 10X a 6,25X.

La araucaria se encuentra en categoría de conservación “en peligro” y el naranjillo en la menos preocupante “vulnerable”. La carretera amenazaba 96 ejemplares (además de otras especies) y el proyecto de tierras raras solo 16 (además de otras especies).

En ambos casos, la intervención es imprescindible para ejecutar la obra. En ambos casos, la iniciativa es de interés nacional –de seguro ha oído del valor geopolítico de las tierras raras y del impacto en el empleo de la zona del cierre de Huachipato–. En ambos casos, la merma no compromete la continuidad de la especie y, de hecho, las replantaciones comprometidas son mayores en número y técnicamente factibles. ¿Por qué entonces Conaf dio su beneplácito para uno y no para otro?

Para acabar con este tipo de inconsistencias algunos incuban el sueño de la total densidad normativa. Si cada aspecto está reglado por normas de calidad y emisión, se acaba la discrecionalidad y el SEIA se vuelve un mero notario que certifica cumplimientos. Pero eso es imposible. Hay asuntos que nunca podremos estandarizar, como impactos en el paisaje, o cuántas araucarias podemos intervenir para construir una carretera. Es aconsejable avanzar tanto como podamos hacia la reducción de la discrecionalidad, pero, al igual que con los impactos ambientales de todo proyecto, siempre existirá un componente irreductible.

Desde Pivotes proponemos desglosar la evaluación ambiental en dos etapas. La primera, con participación política y capacidad de acoger aspectos subjetivos y no susceptibles de ser normados. ¿No estamos dispuestos a intervenir naranjillos, sea cual sea la tasa de replantación? Ok, en ese caso nadie vivirá la calamidad económica de décadas de tramitación. ¿Sí estamos dispuestos, a cambio de compensaciones ambientales adecuadas? Ok, en ese caso pasa a la etapa 2, eminentemente técnica, en la que el núcleo de la discusión no es si el proyecto se hace o no, sino bajo qué condiciones.

No es posible extirpar del todo los riesgos de la discrecionalidad, pero al menos podemos mitigar el trauma de sus peores versiones.