19 millones de carteros

Los chilenos recuerdan el 25 de octubre de 2019 como la fecha de la Marcha del Millón. Ese mismo día, mientras todas las cámaras estaban puestas en el estallido social, la ambiciosa ley de transformación digital del Estado se promulgó sin que a casi nadie le quedara ancho de banda mental para enterarse.

Una de sus disposiciones señala que todos estamos eximidos de presentar información que ya se encuentre en poder de cualquier órgano estatal, y que los documentos respectivos deben ser remitidos por la institución que los tenga a aquel que los requiera.

Transcurridos 6 años, nos aproximamos a la inteligencia artificial general y a los computadores cuánticos, pero seguimos sin ser capaces de honrar esa norma tan obvia como básica. Son cientos los casos en que los organismos públicos utilizan a los ciudadanos como carteros y les exigen traer documentación emitida originalmente por el propio Estado. En lugar de implementar de una vez los desarrollos tecnológicos para que las bases de datos interoperen, recurren al tiempo de millones de personas-vueltas-estafetas. Junto con eso, atestan innecesariamente sus salas de atención de público y despilfarran quién sabe qué montañas de papel.

Le cito un solo ejemplo. Todos los meses, el Ministerio de Educación entrega subvenciones de distinto tipo a establecimientos educacionales vía transferencia bancaria. Al iniciar el mes siguiente, es el mismo ministerio el que exige el envío de un comprobante bancario de esa transferencia, y amenaza con que, de no hacerlo, la subvención quedará retenida “y su alzamiento estará sujeto a los trámites de rigor en tiempo y forma”.

Y ahora, ¿Quién podrá defendernos? ¿Huracán Dorothy, nuevamente?

Contraloría goza de un rico arsenal diseñado para hacer cumplir las leyes. Mediante dictámenes vinculantes, oficios preventivos o circulares generales, puede consignar que los incumplimientos constituyen infracciones al principio de juridicidad y con ello generar presión institucional para cumplir. A través de sumarios administrativos gatillados por incumplimientos reiterados, puede aplicar varios niveles de sanciones disciplinarias, que van desde la amonestación a la destitución, pasando por la etapa intermedia de la multa. Una tercera opción son las auditorías e informes de fiscalización y, si aplica, identificar ilegalidades en los procedimientos, lo que expone al servicio involucrado a cuestionamientos públicos y políticos.

La Contraloría sabrá cuál es la herramienta idónea. Lo que sí es claro es que hay pocas oportunidades más nítidas para mejorar la relación del Estado con sus ciudadanos que simplemente hacer cumplir esta pequeña pieza de legislación.

Seis años atrás, un gigantesco enjambre humano se reunió en Plaza Italia a exigir dignidad. Honraríamos, al menos el espíritu de ese clamor, si de una vez dejamos de tratar a los ciudadanos como estafetas no remunerados como consecuencia de la displicencia de muchas instituciones públicas y sus funcionarios.