Litio

¿Qué hace en cualquier país normal una empresa que aspira a producir litio? Compra o solicita a la autoridad los derechos de explotación —concesiones— y, si lo logra, comienza a desarrollar el proyecto. Pero en Chile no basta la voluntad de hierro, ni la tecnología, ni el capital. Aquí solo puedes triunfar si se alinea los astres y el gobierno de turno decide ofrecerte un Contrato Especial de Operación de Litio (CEOL).

En vista de esta discrecionalidad, una empresa francesa que ya produce litio en otros países pagó US$ 95 millones por las concesiones mineras (que permiten explotar los 118 elementos de la tabla periódica salvo el litio) de un área de interés, corriendo el riesgo de apostar que tal activo aumentaría sus posibilidades de ser bendecida con un CEOL. Pero el gobierno decidió adjudicar el CEOL a una alianza de Enami con otra empresa.

La francesa adoptó medidas y constituyó servidumbres. ¿Resultado? Enami decidió demandarla por obstruccionismo. Esta tragedia, además de retrasar aún más el desarrollo de la industria, ilustra la disfuncionalidad de nuestro marco regulatorio.

Primero, las yuxtaposiciones espaciales entre titulares de concesiones y de CEOL muy probablemente acabarán en tribunales. Segundo, que admite un grado de discrecionalidad vergonzoso.

Ninguno de estos líos frenaría la industria si hacemos del litio un mineral concesible como los otros 117. ¿Qué pensarán las nuevas autoridades? ¿Serán partidarias de seguir prolongando esta anomalía legal?