¿Congelar el "boom" del empleo público?:

El debate sobre el explosivo crecimiento del empleo público divide las aguas en el Congreso, luego de que la semana pasada la comisión asesora sobre gasto fiscal y políticamente transversa que convocó Hacienda planteara -entre una lista de medidas- congelar la cantidad de personas y los salarios de los trabajadores del Estado.
Solo con eso, el fisco se ahorraría $856.535 millones.

La escalada en números y remuneraciones de los funcionarios públicos ha visto un verdadero «boom» en la última década. Según un informe de la Facultad de Economía y Negocios de la U. San Sebastián -publicado por El Mercurio-, el gasto total en personal del Gobierno central -que incluye a todos los funcionarios, menos las municipalidades-, asciende a los US$16 mil millones; equivale al 20% del presupuesto. Y a 4,9% del PIB. En promedio, cada funcionario tiene un costo empresa de unos $2,6 millones.

Si se suman las municipalidades, datos de Pivotes aseguran que serían unas 450.000 personas más. Es decir, el gasto en personal subiría de un 4,9% a un 7,1% del PIB. Según el informe de la cifra de empleados públicos ha crecido 57% en los últimos 10 años, sin considerar el traspaso de los Servicios Locales de Educación, mientras que las ocupación en el sector privado aumento 12% en el mismo periodo. En paralelo, los salarios de los trabajadores del Estado subieron 50% y los bonos asociados sumaron US$900 millones en un solo año.

La Dipres prepara un proyecto que regulará las contratas y los cargos de confianza política, con el objetivo de ordenar una estructura que expertos califican de rígida y obsoleta.

Con todo, consultados sobre si apoyarían iniciativas para congelar la dotación de personal y los salarios en el Estado —tal como recomendó la Comisión Asesora para Reformas Estructurales al Gasto Público—, la oposición expresó su respaldo, mientras que en el oficialismo las voces se inclinaron por rechazar la idea.

La oposición alerta por el «costo fiscal insostenible»

En la oposición existe consenso en que la situación es preocupante y fiscalmente inviable.
El diputado Frank Sauerbaum (RN), integrante de las comisiones de Hacienda y Trabajo afirmó a Emol que «las cifras sin duda que dan para preocuparse, al sintetizar algo que se advierte desde hace tiempo: hay un crecimiento del aparato estatal desproporcionado que resulta ser fiscalmente insostenible a largo plazo, al gastarse 2,5 puntos del PIB más en sueldos de funcionarios públicos que hace 15 años».

El parlamentario agregó que «es un dato objetivo y llamativo que el empleo en el sector público haya aumentado un 57% en la última década, sin contar los traspasos desde los municipios por los Servicios Locales de Educación, mientras que en el sector privado el crecimiento haya sido solo del 12% en el mismo período».

«Considero que las propuestas de congelar la dotación de personal y los salarios son un punto de partida necesario»Frank Sauerbaum, diputado RN A su juicio, la preocupación es «mayúscula». «Estamos hablando de que el gasto en personal del Gobierno Central consume uno de cada cinco pesos del presupuesto nacional, ascendiendo a US$16.000 millones. Los US$900 millones que se pagan en bonos por desempeño son un claro ejemplo de cómo un gasto que debería ser variable se ha convertido en una carga fiscal prácticamente fija», puntualizó.

El diputado identificó tres trabas principales para revertir esta realidad: «Una normativa obsoleta que data de 1980: estatuto administrativo dificulta aplicar medidas de eficiencia en el Estado. La rigidez de las ‘contratas’: es fácil contratar pero no despedir. Y la complejidad de las remuneraciones: las múltiples asignaciones que elevan sueldos de manera poco transparente enfrentarán una enorme resistencia para su modificación».
Sauerbaum también respaldó explícitamente las recomendaciones de la comisión asesora. «Considero que las propuestas de congelar la dotación de personal y los salarios son un punto de partida necesario y responsable para contener el gasto, tal como lo han señalado los diversos expertos».

«Creo que este Gobierno tiene varias alternativas sobre la mesa. Entre ellas, las que el mismo Gobierno encargó a una comisión para reformas estructurales»Felipe Donoso, diputado UDI.

En la misma línea, el diputado Felipe Donoso (UDI), también miembro de la comisión de Hacienda, recalcó que el Ejecutivo no puede desentenderse de las propuestas que él mismo solicitó.

«Creo que este Gobierno tiene varias alternativas sobre la mesa. Entre ellas, las que el mismo Gobierno encargó a una comisión para reformas estructurales», señaló.
«Lo que debiera hacer es tomarla y hacer las carnes. Si ellos las pidieron, lo normal sería que la ocupen y la impulsen, para que así reduzcamos este crecimiento exacerbado del Estado y le demos a esos recursos un mejor destino para todos los chilenos», subrayó.

El oficialismo defiende el rol social del Estado

Desde el oficialismo, en cambio, el foco está en explicar que gran parte del aumento responde a funciones esenciales que demanda la ciudadanía. Al respecto, el diputado Andrés Giordano (ind-FA), presidente de la Comisión de Trabajo, sostuvo a Emol, que «más que dejarnos llevar por el titular de un ‘boom’, lo importante es entender qué hay detrás de esas cifras».

«Por supuesto que preocupa cómo se gestionan estos recursos, el desafío está en ordenar, transparentar y modernizar la administración pública. El Estado debe ser eficiente, pero eso no necesariamente quiere decir más pequeño»Andrés Giordano, diputado ind-FA
«La mayor parte del crecimiento del empleo público se explica por áreas esenciales como seguridad, salud y educación, donde se han mejorado condiciones laborales, creado hospitales y traspasado servicios educativos al Estado», agregó.

El legislador defendió que «hablamos de funciones que la ciudadanía demanda y que requieren personal para garantizar derechos básicos».

Sin embargo, advirtió que la clave es mejorar la gestión. «Por supuesto que preocupa cómo se gestionan estos recursos, el desafío está en ordenar, transparentar y modernizar la administración pública. El Estado debe ser eficiente, pero eso no necesariamente quiere decir más pequeño».

Giordano se mostró contrario a recetas «simplistas». «No podemos enfrentar este debate con recetas fáciles como el ‘congelamiento’. La solución no pasa por recortar de manera indiscriminada, porque eso sería debilitar el rol del Estado en áreas donde más se necesita presencia pública».

«Sí creo urgente modernizar el Estatuto Administrativo, transparentar el sistema de bonos y asegurar que cada peso que se gaste en empleo público esté vinculado a mejorar la calidad de los servicios que recibe la ciudadanía», añadió.

Por su parte, el jefe de bancada PPD-Independientes, Héctor Ulloa, expresó reparos frente a los aumentos, pero llamó a evitar posturas reduccionistas.

«Congelar las alzas de sueldos y las contrataciones, como plantea la comisión de gasto, es solo la punta del iceberg»Héctor Ulloa, diputado PPD-Ind «Preocupa que los recursos del Estado puedan estar siendo mal gastados. Y esa es la percepción que queda en la ciudadanía cuando vemos el aumento explosivo del empleo público; o sueldos demasiado elevados en comparación con el sector privado», planteó el integrante de la comisión de Trabajo.

Aun así, matizó que la propuesta de la comisión asesora es insuficiente: «Sin embargo, congelar las alzas de sueldos y las contrataciones, como plantea la comisión de gasto, es solo la punta del iceberg».

Para Ulloa, la verdadera solución está en una reforma más profunda.

«Lo primero es modificar el estatuto administrativo y replantear la forma en que se determinan los salarios, dependiendo del grado de responsabilidad que tiene cada funcionario o funcionaria», dijo a Emol.

Y concluyó con que «hay claridad en que todos queremos hacer más eficiente el Estado, terminar con los operadores políticos, y transparentar asignaciones millonarias que ‘inflan’ los salarios».

Asimismo, Ulloa subrayó que «debemos legislar de manera seria, sin populismo, y sin que esto se transforme en una caza de brujas en contra de los trabajadores del sector público».