Como ya se ha dicho, las empresas sanitarias están legalmente obligadas a proveer servicios dentro de su área de concesión. En principio, por tanto, no se aprecian riesgos de prescindir de la factibilidad en la etapa previa. Ahora, es posible pensar un caso límite, en que una obra de grandes dimensiones pudiera poner en riesgo la viabilidad operacional de la sanitaria (un parque de diversiones acuático en el Valle de Azapa, por citar un ejemplo extremo), y que la empresa solo se entere en las etapas finales de que su infraestructura no dará a basto. Es un riesgo extremadamente bajo, porque las obras de grandes dimensiones deben sortear un gran número de trámites y requisitos, tales como el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, y resulta improbable en lo sumo que nadie en la sanitaria se entere a lo largo de todo ese proceso. Sobre eso, tendría que ocurrir que todos quienes impulsan una inversión de esa magnitud obvien olímpicamente una dimensión así de crítica, a lo largo de todo el proceso, aun cuando es suficiente para derribar la viabilidad de la iniciativa.