Presentación del caso a optimizar

La Ley Nº 20.249 (Ley Lafkenche) señala que la sola presentación de una solicitud de un Espacio Costero Marino de Pueblos Originarios (ECMPO) suspende automáticamente toda solicitud de terceros sobre el mismo espacio – tales como concesiones de acuicultura, marítimas y áreas de manejo– antes de que se verifique si existe un uso consuetudinario real. Esto implica que áreas marinas amplias se mantienen impedidas para otros usos por la mera presentación de solicitudes, una regla que incentiva el uso inescrupuloso del instrumento.

La demora de años en verificar el uso consuetudinario es, en lo esencial, una falla de implementación –una CONADI sin dotación suficiente-. Pero la suspensión automática de las solicitudes de terceros desde la sola presentación, antes de cualquier examen de mérito, es una falla de diseño de la propia ley. Aun con una implementación perfecta que cumpliera el plazo legal, seguiría sin justificarse paralizar toda la actividad de un espacio por el mero ingreso de una solicitud todavía no verificada. Por eso la reforma debe corregir ambos planos.

Como esa verificación demora años, un mecanismo pensado para proteger un derecho termina operando como una herramienta de bloqueo de inversiones en perjuicio, incluso, de las comunidades cuyas solicitudes genuinas esperan detrás de las instrumentales.