El titular incurre en el riesgo de obtener un permiso de edificación, iniciar faenas e incluso terminar obras y después de todo eso encontrarse con que no es posible aprobar el IMIV, o bien que para aprobarlo se requieren obras de un costo tal que, de haberlo sabido desde el inicio, habrían obligado a cancelar el proyecto. En principio esto es solo a riesgo del titular, aunque existe una dimensión pública del asunto, por cuanto una obra nunca habilitada se transforma en un problema urbano.